HISTORIA DE UNA INJUSTICIA.

Hay un dicho popular que dice: más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Pues, en eso estamos. 

Tras una denuncia presentada por el actual alcalde de Prado del Rey, José Ramón Becerra Orellana, en el año 2012, se inician unas diligencias judiciales, que han culminado con un expediente de 712 folios, un expediente personal para nuestra defensa aún más amplio y con un Juicio Oral previsto para noviembre de 2018. Seis años de declaraciones, imputaciones, acusaciones... basadas en unos hechos, que se remontan al año 2004.

Por esa fecha, el Ayuntamiento de Prado del Rey, solicita una subvención para dotar de material a la Policía Local, concretamente armamento (aproximadamente 1.209€) y equipo de comunicaciones (emisoras y walkies por un valor de 6.693,20€).

Esa subvención es concedida por la Junta de Andalucía e ingresada en las arcas municipales, por un valor de 7.564,71 euros, durante el año 2005. Para justificar dicha subvención, por parte de los servicios técnicos municipales, se aportan facturas. Una de ellas de un empresario autónomo de Prado del Rey, por un valor de 6.693,20 euros, correspondiente al equipo de comunicaciones. Esos equipos, parece ser que no se suministran en su totalidad, concretamente en lo referente al apartado de catorce walkies por un valor de 4.690 euros. El Ayuntamiento nunca ha pagado el importe de esa factura, ni siquiera la parte de esos equipos que ,parece ser, sí se suministraron. 

Por ese hecho, la fiscalía pedía tres años de cárcel, inhabilitación para cargo público por diez años, por falsedad en documento oficial, prevaricación, fraude en la subvención y malversación de caudales públicos, tanto para mí, como Alcalde como para el empresario que realizó esa factura, para el que solicitaba la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas.

En otro apartado y con dos facturas más del mismo empresario del año 2008, con importes de 649,60 euros y 1.133,90 euros, como dice el Fiscal: facturas auténticas y correspondiente a materiales realmente servidos, la fiscalía solicita dos años de cárcel y multa de 9 meses a razón de 6 euros diarios, por el mismo delito de falsedad, para mí, como Alcalde, para la Concejala de Economía y para el empresario. Por haber pagado dicha factura en el año 2011, modificando la fecha y el IVA que como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva legislación sobre Impuestos del Valor Añadido había aumentado del 16% en el año 2008 al 18% en el 2011 y sin haber tenido el pertinente reconocimiento extrajudicial de crédito. 

Al mismo tiempo se nos acusa de prevaricación, por haber sido el primer pueblo de España que realizó la instalación de la red Wifi gratis, sin el preceptivo concurso y renovando el contrato anualmente sin que eso fuera posible, saltándonos la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, solicitando el fiscal la pena de inhabilitación para cargo público por un periodo de 12 años.

En todo este proceso que va desde el año 2004 hasta el 2011, año en el que deje la Alcaldía, no me presenté a las elecciones municipales, ningún Secretario/a Interventor/a, y han sido cuatro, hace ningún reparo ni manifiesto de ilegalidad de ninguno de los actos por los que se nos imputa. Ni por los contratos para la instalación del Wifi gratuito en Prado, ni por ninguna de las tres facturas mencionadas. Tampoco por ninguna otra en doce años. 

La subvención está ingresada en las cuentas municipales y así lo manifiesta los servicios municipales en sus informes para la fiscalía. Y la factura en la que están incluidos los walkies no se ha pagado.  

El Fiscal del Área de Jerez de la Frontera, Manuel Luis Arjona Rodríguez, solicitaba en su escrito de acusación 5 años de cárcel e inhabilitación para cargo público por 22 años, para mí como Alcalde. Dos años de cárcel para la Concejala de Economía, y otros cinco años y seis meses de cárcel para el empresario autónomo, al que le añadía un delito de estafa, más una multa de 6 euros diarios durante nueve meses para los tres. Petición que realizaba en su escrito de 8 de octubre de 2015, que conocimos por la prensa, en diciembre de 2015, y que, por fin, se nos comunica oficialmente el 13 de marzo de 2017. Días más tarde, presentamos nuestros escritos de defensa.

En la vista preliminar, previa al juicio oral,  celebrada el pasado 23 de octubre de 2017,  por parte del Fiscal  se ofrece un acuerdo, que consiste fundamentalmente en la retirada de la acusación de malversación de caudales públicos, en una rebaja de la pena de cárcel a un año y medio, multa e indemnización a la Junta de Andalucía por el fraude en la subvención, en el apartado de la factura que incluía los catorce walkies, 6.693,20 euros, (Creemos que debería haberse solicitado esa indemnización al Ayuntamiento que ingresó dicha subvención en su totalidad) para mí como Alcalde y para el empresario autónomo, y de cinco meses de cárcel para la Concejala de Hacienda.

Ante la posibilidad de que el proceso se volviese a alargar más allá del 2018, pretendíamos solicitar que fuese el Ayuntamiento el que devolviese la parte correspondiente a los walkies de la subvención. Ya que esa subvención se ingresó en la arcas municipales el día 16 de marzo de 2005 y en ningun caso se habían malversado fondos públicos. Y lógicamente poder demostrar la certeza de nuestra inocencia.

Pensando en nosotros, en nuestras familias, en los seis años que llevamos encausados, en lo que quedaba. Decidimos en ese acto en la Audiencia Provincial y con un plazo para decidir de no más de una hora, con el consejo exclusivo de nuestros abogados, aceptar ese acuerdo. 

En mi humilde opinión es una tremenda injusticia, sumo el descrédito que he vivido del sistema judicial con el que ya tenía de las consecuencias de mi paso por la política.

Como decía un antiguo cacique local, "es triste" la persecución que hemos sufrido por dedicarnos a la política, el que se haya utilizado contra nosotros este tipo de denuncias, para poder tapar y justificar la incompetencia y la ineptitud de algunos políticos actuales. 

Ya no estoy en política, no me arrepiento de haber estado, nunca he utilizado la política para denunciar a mis adversarios, podía haberlo hecho y con más éxito que el que han tenido ellos. Cuántas letras de cambio ilegales herede. Pero entiendo la política como un servicio público, así lo he practicado con mayor o menor éxito. Hemos soportado desde 2011 calumnias, injurias, denuncias y falsedades... Empezando por la deuda municipal totalmente falsa, tiempo al tiempo. Esta denuncia que os he relatado y otras por las que preste declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, que fueron archivadas por no tener fundamento y que no han sido públicas. 

 Pero ya se acabo, seguramente sí solo hubiese sido por mi, llegó hasta el final de este juicio, al final de la guerra por demostrar las cuentas municipales, a la denuncia permanente de la ineptitud, incapacidad e ilegalidades de algunos políticos locales y a lo que hubiera hecho falta hasta el 2025, pero afortunadamente no estoy solo y no merece la pena.

Otro dicho popular dice: pleitos tengas y los ganes. 

Tras este episodio de seis años, recupero mi vida y pasó a ser un ciudadano anónimo. Salud.